Política no es Politiquería

CONFLICTOS Y SOLUCIÓN DE LOS REMANENTES MINEROS REGIONALES

El llamado remanente minero es el aporte que reciben las regiones de parte del sector minero (gran minería) del rubro que corresponde al 8% destinado al trabajador, según la ley de minería.

Siendo mas descriptivo este 8% se distribuye según ley en tres grandes renglones: (1) El correspondiente a las remuneraciones del trabajador minero, que incluye su sueldo normal, mas el aumento coyuntural que corresponde a las sobreganancias (también 8%) debidas a los precios internacionales altos de los minerales que se distribuyen según topes legislativos hechos en la década fujimorista. (2) El excedente tendrá que ir al llamado fondo de empleo (2200 UIT = 7.6 mill. de soles, del cual hacen uso y abuso algunas ONGs para realizar según argumentan “proyectos de desarrollo social e inversión” en todo el país. (3) y por último de quedar aun excedentes, se destinan a las regiones mineras mediante el llamado “remanente minero” para ser destinado a la mejora de infraestructura vial (carreteras).

CONFLICTOS
Estos remanentes mineros son la manzana de la discordia en disputa por los trabajadores mineros y sus sindicatos, las regiones donde se desarrolla la gran minería, el gobierno central quien se ve envuelto en el apago de incendios que generan movimientismos y alteran la paz laboral y social, y además compromete al congreso quien se ve en la necesidad de legislar y manejar los conflictos que se generan.

En otras palabras este conflicto genera pugnas cada vez más fuertes que incluye a la sociedad civil que suele tomar partido regionalista que crean microclimas de ingobernabilidad y generan una división innecesaria entre los gobiernos central y regionales, altera la paz laboral y social que ahuyenta la inversión en el Perú, disminuye la productividad, retraza el crecimiento, disminuye el empleo y acentúa la pobreza, etc.

Cuando hay un conflicto de intereses, la mayoría de estos legítimos, la solución no puede ser unilateral y favorecedora de una de las partes. Es necesario entonces buscar vías de solución concertadas y consensuadas. Corresponde a los lideres políticos (presidente, ministros, presidentes regionales, lideres sindicales, congresistas, frentes de defensa, secretarios generales de partidos, alcaldes, etc.) tener una visión del bosque y no del árbol y asumir una verdadera responsabilidad nacional y no personal.

PLANTEANDO SOLUCIONES
Se debe tener en cuenta que el trabajador minero es uno solo, que no deben haber distingos del trabajador de planilla, del de servís o aquel que tiene relación laboral de contrata, léase, todos deben ser considerados del reparto equitativo de las sobre utilidades que genera la minería. Además se debe revalorar las remuneraciones percibidas por la mayoría de los trabajadores mineros (obreros y empleados no funcionarios) sin perder la óptica que son ellos los motores peruanos del desarrollo productivo de la minería y por ende sus remuneraciones tienen que ser muy decorosas, sin llegar al extremo. En otras palabras se tiene que modificar la ley de topes remunerativos del minero, y se deben adecuar las normas laborales mineras para orientarlas a un sistema equitativo, sin perder la flexibilidad laboral.

La empresa minera debe hacer todo lo posible para mantener la paz laboral de forma unidireccional, pero también se les debe ajustar con severas sanciones frente al incumplimiento laboral, hasta la revocatoria de sus licencias de producción frente al incumplimiento de la ley.

El ministerio de energía y minas no solo debe ser el facilitador de la inversión y producción, sino también el fiscalizador más importante para contribuir con la paz laboral.

Es importante reconocer que la permanencia de los llamados remanentes mineros para las regiones, cuyos montos obligatoriamente podrían ser menores, pero servirán para la mejora de la comunicación productiva que significan las carreteras en las regiones. La población en las regiones ve con buenos ojos su existencia por que permite el desarrollo de muchos pueblos olvidados, alejados, e incluso incomunicados. La población regional es muy sensible ante la eliminación completa de este derecho estipulado por ley, y la hace oponerse egoístamente pero con justicia al trabajador minero, ya que los remanentes le significan una expectativa de salir del ostracismo y olvido en plena democracia. Por otro lado, la población regional es fácilmente adepta a aglutinarse entorno a movimientismos que desestabilizan el país, hace pensar en personalismos con ganancia electorera y se politiza en extremo un tema que debe solucionarse multifactorialmente y con cabeza fría.

El Fondo de empleo ha perdido el espíritu para el cual fue creado y se ha convertido en el ente que extrae fondos mineros y enriquece silenciosamente a algunos y financia a ONGs de espíritu desestabilizante de la propia minería y del país. Estos son motivos suficientes para suprimir su acción a favor de las regiones y los mineros.

Es el Congreso uno de los principales actores de la solución de este conflicto, él cual debe contemplar y discutir este tema de forma inteligente para encontrar consensos, tratando de amalgamar las posiciones mas intransigentes para convertirlas en viables y que dejen contento a todos los implicados. Se debe tener en cuanta de que el congreso no solo debe aprobar mayor cantidad de leyes si no debe hacerlas con gran calidad, por el bienestar del Perú.

Es probable que después de las cumbres las cuales posicionaran al Perú en el contexto mundial con mucha relevancia; el tema de los remanentes mineros despertará un verdadero interés. Interés de todos los sectores nacionales por sus agudas implicancias en los aspectos laborales, producción, viabilidad de las regiones, estado, gobernabilidad, desarrollo, lucha contra la pobreza, etc.

Dr. Jorge Ramal Niquén.
Chimbote, 15 de mayo del 2008.

Ayer mientras escuchaba por televisión nacional abierta unas declaraciones airadas del presidente regional ancashino, que dichas sin el menor respeto a las personas, plagadas de aseveraciones populistas, sin soporte argumental técnico gremial o político coherentes, no me quedo otra cosa que acudir a un programa de televisión local de menor cobertura y que lamentablemente no tiene alcance en toda la provincia del Santa para tratar de poner puntos sobre las ies a tan falaces comentarios y de esta forma desenmascarar la demagogia con que se quiere sorprender al pueblo ancashino.

1. Se dijo que la eliminación de los remanentes mineros favorecían a 85 trabajadores y que cada uno de ellos podría recibir hasta un millón de soles. FALSO. Los trabajadores mineros en antamina representan un total de 3,596 personas y si e eliminan los remanentes y el fondo de empleo recibirían un total de 9,108 soles mensuales durante 18 meses. Actualmente perciben una remuneración promedio mensual de 2,500 soles.
2. Se dijo que el remanente minero es parte del canon. FALSO. Los remanentes mineros corresponden a las utilidades que deben repartirse entre los trabajadores mineros y que corresponden al 8% según ley de minería y amparados por la constitución de 1979 y 1993.
3. “El gobierno aprista pretende quitarnos el remanente minero para enfrentar a los mineros con las regiones y tenernos sojuzgados, al imposibilitar las construcciones de carreteras”. FALSO. En el congreso y obedeciendo a 3 propuestas de proyecto que recortaban los llamados remanentes mineros, que al ser analizadas y discutidas en la comisión de energía y minas se eligió el proyecto de la congresista Helvezia Balta Salazar, para luego pasar a la comisión de trabajo donde se aprobó y finalmente pasar a la comisión de descentralización donde se sugirió su revisión. Por otro lado la federación nacional de mineros (sindicato gremial)son los que impulsan este pedido, por ser legal y al haberse conculcado sus derechos por Fujimori en 1997 con la ley de topes 892 que otorgó remanentes mineros, inexistente antes. Causa de ello son las continuas paralizaciones mineras en diversas partes del país que han ocasionado muertos, bloqueos de carreteras, exacerbado movimietismos de estirpe político, baja de productividad, ahuyentar las inversiones, problemas de gobernabilidad, etc. La construcción de carreteras también son promovidas como política de estado al constituir medios de desarrollo para enfrentar el futuro TLC y no solo es preocupación de las regiones, las cuales también están incluidas en estos proyectos con el sistema de contrapartidas al canon.
4. “Si nos quitan el remanente minero, el pueblo saldrá a las calles y desencadenará una guerra civil”. Es lo que desea el presidente Álvarez para desestabilizar demagógicamente al gobierno sin saber que e el fondo el pugnar por la vigencia de los remanentes mineros es matar a la gallina de los huevos de oro que significa la permanencia, sostenibilidad del canon al alterar severamente la paz social y promover consecuencias nefastas para el país y la regios que dice defender.
5. “Justificó el escaso gasto del solo el 20% de su presupuesto al decir que este representa el 80 a 90% del hecho por otras regiones”. Gran perro del Hortelano. Siempre comparándose con otros para justificarse. No debe interesar lo que hagan otros, sino lo que hago yo a favor de mi pueblo. No se debe justificar la falta de proyectos o la inoperancia para sacarlos adelante con los males de otros, o achacándole inoperatividad al consucode o satanizando el SNIP. Ancash recibe el mayor presupuesto en función del canon y sobrecanon y no se gasta, esa es la conclusión, por tanto es su deber como presidente regional saber como gastarlo apropiadamente y rápidamente, para eso el pueblo lo eligió; o querrá que pensemos que la equivocación tuvo su momento de locura. Que locura.

Dr. Jorge Ramal N.
Chimbote, 30 de noviembre 2007.

LA MANZANA DE LA DISCORDIA LLAMADA REMANENTE MINERO.

En este tema todos han tomado partido, léase, congresistas, presidentes regionales, concejeros, alcaldes, representantes del ejecutivo, trabajadores mineros, partidos políticos, periodistas, analistas de opinión, etc. los cuales sin quererlo o por desconocimiento de todos los elementos de juicio han sembrado dudas en la opinión pública causando un verdadero desconcierto.

Hemos sido testigos presénciales de marchas de apoyo en nuestra localidad, enfrentamientos de populares congresistas en pro del recorte o no del remanente minero, utilización de comuneros que nada tienen que ver con este aporte solidario pero de naturaleza confiscatoria del trabajador minero, y llegándose al punto en que nos preguntamos ¿quien tiene la razón? o si ¿el proyecto de ley presentado es el adecuado o no?, si ¿favorece o no a la inversión?, si ¿atentatorio o no al trabajador minero?, si ¿por derecho corresponde a la región o no, y por ende tiene derecho a reclamarlo o no?, ¿entre quienes se debe distribuir el remanente minero?, si ¿enfrenta al trabajador minero con el gobierno regional?, etc.

Es obvio que el presente artículo no tiene el objetivo de dar la razón o señalar a uno u a otro actor sino más bien contestar argumentalmente a las interrogantes planteadas. En este contexto diré:

HECHOS:
1. Los remanentes mineros corresponden íntegramente al trabajador minero, que tiene el derecho por ley de recibir el 8% por concepto de utilidades netas generadas por la empresa minera, y por ende el estado no puede “confiscar” estos fondos y distribuirlos en el fondo de empleo y en el uso para construcción de carreteras en las regiones. (ley de reparto de utilidades entre los trabajadores mineros, amparadas por las const5oituciones de 1979 y 1993)
2. El número total de trabajadores mineros en planilla es de 36,490 (36%), en Servis son 64,702 (64%) haciendo un total de 101,192. Total en que deben ser distribuidos los remanentes.
3. Hace poco se ha regulado por decreto la actividad de los Servis en relación a que ahora son considerados partes de la actividad minera exceptuándose las áreas de servicios indirectos, limpieza y vigilancia. Por ende a los trabajadores Servis asociados a la actividad minera les corresponde igual sueldo que a los que están en planilla menos los conceptos de vacaciones, jubilación, CTS, y seguro y otros incentivos laborales. Pero el reparto de utilidades (8%) también comprende a este tipo de trabajador. Lo que debe ser regulado y fiscalizado por el ministerio de trabajo. La empresa minera los tiene computados como parte de sus egresos laborales, pero están a cargo de la empresa contractual del servis que suele quedarse con el 30 a 40% del pago por trabajador. La Federación Nacional Minera plantea que los trabajadores de las “services” pasen a planilla.
4. Haciendo números en el caso de Ancash-Antamina en relación a los 140 millones de dólares tenemos:
Son 1444 trabajadores en planilla (44%), 2152 servis (60%) es decir un total de 3,596 trabajadores. Si cada trabajador gana en promedio 2,500 soles por mes, el total será, 9 millones de soles x 18 meses = 162 millones de soles al año de remuneración según la ley de topes.

Si consideramos anular la ley de topes a las utilidades, desaparecer el fondo de empleo y el llamado remanente regionales tenemos: El total de trabajadores recibiría un monto equivalente a la suma del remanente regional (420 millones de soles) mas el monto asignado al fondo empleó (2200 x 3450= 7.6 millones de soles) mas lo que percibe actualmente (162 millones de soles): un total de 589.6 millones de soles. Que repartidos entre los 3,596 trabajadores mineros de Antamina nos daría 163,960 anuales o lo que es igual 9,108 por mes por trabajador.

Estos engorrosos cálculos son necesarios y nos permite forjarnos una idea mas clara de lo que estamos tratando y permite extrapolarnos a nivel nacional, aunque con logradas diferencias de acuerdo a las utilidades generadas por distintas empresas mineras. Sin embargo aquí también surgen algunas consideraciones puntualizables en preguntas:

• Es justo que en nuestro Perú exista una brecha tan grande entre el trabajador común con un básico de 530 soles (promedio de 1800 soles fijos) y un trabajador minero con un sueldo probable de 9,100 soles (si se aprueba el proyecto de la eliminación de topes al reparto de utilidades) cuyo sueldo ahora es de un promedio de 2500 soles.

• Es necesario destacar que el minero que labora en las condiciones mas difíciles por el clima, altura sobre los 4500 metros, la desprotección y que esta demostrado que tiene 15-20 menos años de vida por la silico-neumoconiosis que los afecta invariablemente, que además ha dejado de percibir lo que la ley manda desde 1997 a la fecha, y que este probable incremento es de naturaleza temporal por estar sujeto a los altos precios de los minerales en el ámbito internacional.

• Existe un proyecto de ley para distribuidor el canon al poblador del distrito cercano a la mina hasta por un monto de 6,000 soles, el cual no labora en la mina, no genera la utilidad; lo cual esta bien por que es una forma de distribución de la riqueza y fomenta la paz poblador-mina pero a la vez parece injusta con respecto al trabajador minero en el estricto pensamiento del perro del hortelano- léase, ambas son dos cosas independientes.

RESPUESTAS
La respuesta si es de opinión, debe ser solidaria, de respeto al trabajador, que ponga en balanza una verdadera justicia social. Lo cierto es que el trabajador minero tiene derecho a recibir el integro de su ganancia por producción. Es un “incentivo solidario” que el pueblo y el estado debe otorgar a quien nos factibiliza la existencia de un canon, sobre canon y regalías, que siendo bien administradas pueden ser suficientes.

Por otro lado con este derecho incohactable a cada trabajador se pone en el tapete pesquería, y a la empresa de cualquier estirpe para que distribuya entre todos sus trabajadores el 10 % que corresponde a todas sus utilidades.

Una de las consecuencias más importantes, es que se promovería una verdadera paz laboral muy necesaria para el desarrollo de la actividad minera que es el principal tirante de nuestro actual crecimiento económico; así mismo arrastraría un mayor movimiento económico en la zona de la extracción del mineral y aunque parezca paradójico aseguraría indirectamente la reinversión; Atraería nuevas inversiones en minería al país, lo que favorecería la permanencia y aumento del canon, sobre canon y regalías. En otras palabras sacrificaría un remanente minero de utilidades por un desarrollo minero sustentable y por ende con un canon, sobrecanon extendidos en el tiempo.

Los sindicatos mineros y central minera reclaman la derogación de el decreto 289-ley de topes a las utilidades, lo cual origina paros, huelgas, que alteran el proceso productivo y de inversión minera. Ejemplo de ello es el reciente caso son las paralizaciones de la Southern Perú, la paralización de Ilo, Moquegua y Cuajone que precisamente es debido a este tema.

Las carreteras, son una herramienta importante para todo país en la lucha contra la pobreza, pues es conocido que estas generan desarrollo. También es cierto que los 450 millones del 2006 serian canalizados para la construcción de carreteras en Ancash, pero este dinero aun no se ha invertido por que los proyectos recién se están implementando a un año de gestión regional al requerir de su paso por el SNIP, que suele durar 2 años para ser aprobados. Aun así estas carreteras son necesarias para Ancash, pero hay que tener en cuenta que se tiene un amplio canon, sobrecanon, y contrapartidas del erario nacional que es de donde debe salir el financiamiento futuro de las carreteras que Ancash necesita para su desarrollo, y no de los trabajadores.

5. Por otro lado el Fondoempleo creado por ley a expensas del recorte a las ganancias producidas por los trabajadores (remanente), desde 1998 para uso exclusivo del trabajador y especialmente desde el 2004 (boon minero de utilidades mineras) a la fecha, con modificaciones en su reglamento y objetivos a través de los años ha administrado 215.6 millones de soles, destinándose a proyectos de desarrollo debidamente aprobados, en cuyo informe global del 2007 ha logrado capacitar a 101,331 personas a un costo de S/. 1,100 soles por persona, mejorar ingresos de 36,000 personas a un promedio de 2000 soles cada una, y crear empleos en un total de 11,000 a un costo de S/. 4,000 soles por empleo.

Frente a estos datos el fondo de empleo ha cumplido con sus objetivos al promover el desarrollo por intermedio de algunas ONG, instituciones locales, y gubernamentales en algunas zonas del país ligadas a la minería (Especialmente Cajamarca y Puno – principales aportantes – pero también en Apurimac, Ancash, Moquegua y Huancavelica).

Por otro lado en estos costos no se han evaluados lo gastos administrativos del proyecto, los cuales generalmente andan por el 30 a 40 % del total financiado; lo que hace que las cifras enunciadas no sean reales y la eficiencia del proyecto disminuya drásticamente.

Si analizamos la eficacia de Fondoempleo, tenemos que aceptar que los costos por logros son muy altos y por ende inaceptable como alternativa para el desarrollo y necesita reenfocarse como fuente de desarrollo productivo y debe buscarse un financiamiento de la cooperación internacional que justifique su existencia.

Regresando al tema de los remanentes, se concluye que la asignación al Fondoempleo no son redituables desde el punto de vista de costos y necesita ser revisado, pues puede significar una puerta abierta al despilfarro y al despropósito de la minería; Por otro lado si tenemos en cuenta que muchas de estas ONGs que utilizan recursos de los trabajadores mineros son a la vez entidades antimineras.

6. El argumento de que la utilidad generada por la minería es de todos los peruanos, especialmente de la región por que ellas se gestan de la riqueza del subsuelo que es agotable, es cierta; pero hay que recordar que esto no incluye lo que le corresponde al trabajador minero. Lo que si corresponde a la región seria el canon, sobrecanon, regalías, aporte minero voluntario, e incluso el discutido impuesto a las sobreganancias, del cual soy participe.

PROPUESTAS:
Aprobación de una ley que no conculque el derecho del trabajador minero al ser dueño del 8% de las utilidades que genere la mina con ciertas consideraciones:
a. Hasta un máximo de 10,000 soles mensuales como tope si es administrativo en la zona minera.
b. Reparto del excedente hasta por 10,000 soles o más mensuales, repartidos en 18 sueldos al año al obrero en planilla o por Servis bajo responsabilidad de entrega directa del incentivo mensual a cargo de la minera, sin perjuicio del sueldo básico a cargo de la servis que posee la responsabilidad contractual con dicho trabajador.
c. Si se produjera un exceso de mas de 15,000 soles mensuales; si se podrá destinar como remanente minero destinado a la construcción de carreteras a las regiones; previa negociación con la central minera en calidad de aporte solidario por concepto de recursos explotados no renovables.
d. La empresa minera deberá crear un fondo remanente a favor del trabajador enfocado para su bienestar social, educativo y de salud.
e. Reestructurar el Fondempleo con financiamiento de otras fuentes de cooperación nacional e internacional teniendo en cuenta sus nuevos objetivos.
f. Asignar las contrapartidas necesarias para la construcción de carreteras por parte del estado.
g. Revisar el tema de las sobreganancias y estipularlas en los nuevos contratos de inversión minera.
h. La asamblea de presidentes regionales debería discutir el tema de manera técnica y no política, pensando en el futuro de la actividad minera, estableciendo parámetros de desarrollo sostenido.
i. Regulación especial de los servis mineros.

Dr. Jorge Ramal N.
Chimbote, 26 de noviembre 2007

TERMINOLOGÍA DEL APORTE MINERO

Canon: aporte minero cuyo valor es el 50% del impuesto a la renta por tercera categoría que perciben las regiones de donde se extrae el mineral. Es un aporte fijo a las regiones.
Sobrecanon: Cantidad abonada que comprende en valor los prejuicios causados al medio ambiente por la instalación de la mina.
Regalía minera. Es una contraprestación económica que paga la empresa al estado por el agotamiento de un bien no renovable (mineral), sin importar las perdidas o ganancia que la empresa pueda tener. Algunas empresas no pagan regalías por sus contratos de estabilidad.
Sobreganancia Minera: es un tributo que se paga por la obtención de ganancias inesperadas en razón a precios excepcionales en base a la utilidad neta independientemente de la ganancia esperada por competitividad en la producción, fiel del mineral explorado, o riqueza del territorio explotado. Se calcula aplicando el porcentaje del precio vigente en la porción que excede al precio base, que es el precio promedio histórico más alto (antes del 2004) por encima del cual ocurren los precios extraordinarios, sobre la utilidad neta del período. No esta normado en el Perú.
Aporte Voluntario: Es el acuerdo entre el estado y las empresas mineras (35 en total) que consiste en realizar un aporte acordado por todas a consecuencia de sobreganancias producidas (3.75% de sus utilidades netas - después de impuestos); cuyo valor es de 500 millones de soles anuales.
Remanente minero: es el aporte minero que corresponde al 8% de la utilidad neta total que debe ser distribuido a los trabajadores de la mina.
• Trabajadores mineros: El 8 % de utilidades se hace de la siguiente forma: el 50% se hará efectivo en base a los días trabajados (incremento mensual) y el otro 50% en base a la remuneración que percibían, hasta un máximo de 18 sueldos al año (incremento total).
• Fondempleo: Pero según esta ley de topes mineros, al quedar excedentes pasan a un fondo de empleo hasta las 2200 unidades impositivas (UTI= 3450 soles), en la cual el 20% es destinado a proyectos de desarrollo9 de cualquier región y el 80% para proyectos de la región donde se realizó el aporte. Este fondo es manejado por el ministerio de trabajo, de la producción en un directorio en el cual están integrados por un representante de los trabajadores nominados en cada región.
• Carreteras regionales: y de existir aun remanente pasa a la región de donde se extrae el mineral para la inversión en carreteras. En el caso de Ancash correspondió por este concepto 140 millones de dólares y de manejo exclusivo del presidente regional y que corresponden al ejercicio fiscal del 2006.

Dr. Jorge Ramal N.
Chimbote, 26 de noviembre 2007

En el articulo anterior justifique la nueva redistribución del canon minero en dinero efectivo a los pobladores que tienen sus intereses esencialmente agrícolas y viven aledaños a la mina y que además están en extrema pobreza, puntualizando que aun no se sabia si el 20% o más del canon destinado provendría del aporte minero global o regional a la sunat.
Hoy ha concretizado el ejecutivo la propuesta que actualmente se discutirá en el congreso de la siguiente forma: Proyecto de Ley que “otorga una asignación especial directa a las familias residentes en zonas de influencia minera de todo el país, para atender necesidades básicas de las poblaciones con menos recursos”, destinando 35% del canon minero, para la entrega de un cheque de uso libre, y el monto variará de acuerdo con la situación de cada familia, hasta un máximo de 6.000 soles anuales”, puntualizando que este monto saldrá de los gobiernos locales provinciales aledaños a la mina , que son a las finales quienes reciben mas dinero por este concepto (25% del canon regional total).
Este proyecto de ley se implementa con la propuesta de otro proyecto que ya se discute el congreso, que “Declara a 20 proyectos futuros que contemplan inversiones en la gran minera como de interés nacional”, sabiendo que estas inversiones mineras representarían el 40 % del total de inversiones para el país; necesarias para el crecimiento sostenido.
Tal parece que habrá una fuerte oposición al respecto, pero me atrevo a pensar que las condiciones congresales están dadas para ser aprobados; en este contexto esto favorecerá a la economía nacional y la lucha contra la pobreza extrema en forma directa y frontal.
Por otro lado este “Canon Social esta aún Cojo” pues no se brinda la solución para el bolsón poblacional pobre en cuyos territorios no se desarrollará la minería, ni tampoco se toma en cuenta el llamado “Circuito del Canon” (desfase de tiempo entre inversión minera y obra que beneficia a la región donde se desarrolla la gran minería, que suele durar 8 a mas años).
Estos dos aspectos referidos sumados a un posible acuerdo político del ejecutivo con las autoridades regionales en la búsqueda de metas conjuntas darían un clima de verdadera paz social que la minería y el país necesitan y se impulsaría el combate a la pobreza con equidad.
Pero no basta con exponer la problemática, difundirla y esconderse detrás de este escrito; Tengo la responsabilidad de enfocar algunos considerandos propositivos: (1) Es necesario crear un fondo de canon que salga de las arcas gubernamentales para aquellas regiones donde no existe la gran minería y de esta forma actuar con equidad. (2) Es necesario establecer en los contratos de las inversiones futuras para la gran mineras, convocándolas a pagar un canon adelantado en la zona de influencia a la mina, el que podrían deducir después que empiece a producir ganancias con el objetivo de saltar el “circuito del canon”. (3) y para no superponer la ayuda social, los fondos así obtenidos se podrían complementar con los programas “Juntos” y “Crecer” que ya están dando sus primeros frutos.
Estas medidas o similares talvez podrían completar un verdadero canon de estirpe social.
Dr. Jorge Ramal N.
Chimbote, 16 de Octubre 2007.

La propuesta de la distribución directa de canon a las familias aledañas a la mina hasta por el 20 % planteada por el presidente AGP no suena descabellada y debe ser analizada fríamente por los opositores a esta intención. Léase, (1) Los congresistas, que esgrimen que esta medida va ha tener un tinte populista y despilfarrador. (2) La red de municipalidades rurales del Perú (remurpe) que consideró que esta medida debilitaría el proceso de descentralización, al disminuir sus recursos que manejarían por concepto del canon para supuestamente cumplir con su rol promotor del desarrollo; Cuando todos sabemos que invierten el dinero en selvas de cemento. (3) Se argumenta que el proyecto de AGP desvía el papel del Estado de generar obras de infraestructura que permitan un desarrollo sostenible a largo plazo en las distintas regiones o lo que es igual se menciona que el estado abdicaría su rol de promotor del desarrollo regional y nacional. (4) También se dice que esta medida solo sería un mecanismo político-económico de compra del poblador aledaño a la mina que se opone a la inversión minera como en el caso de Majas.
Todo esto en el contexto de la opinión prematura al desconocer la especificación gubernamental en refencia a que este fondo propuesto aun no es claro; es decir no se conoce si esta medida afectara al 50% regional o al 50% de canon de manejo gubernamental.
Para analizar con mayor argumento es necesario considerar el hecho del llamado “circuito del canon” (Que suele demorar entre 8 a 15 años) y que ocasiona un desfase temporal entre inversión y obras; Hecho que ayuda a desprestigiar a la actividad minera y otorga tiempo a sus satanizadotes ambientalistas.
El “Circuito del Canon” significa el periodo en el que la mina inicia el estudio, hace la inversión en infraestructura, provisión de maquinaria minera, periodo de recuperación de la inversión, generación de ganancias y recién pago del impuesto por las ganancias a la Sunat (canon), sumado al periodo de distribución de este por el MEF las regiones, provincias y localidades aledañas a la mina y además la demora que significan los proyectos de obra por las unidades ejecutoras.
Este tiempo de demora debe ser corregido con medidas como la propuesta por AGP, donde el aporte directo a las familias debería realizarse desde el inicio de funcionamiento de la mina para ser deducido del canon global por el bien del desarrollo sostenido nacional y el favorecimiento de la inversión de a gran minería.
Para ello es necesaria la concertación política entre el gobierno nacional y regionales al definir metas conjuntas de una política minera acorde con los nuevos tiempos.
Es necesario implementar los sistemas de estudio ambientalista imparciales y fortalecer el PAMA (Ente promotor de acciones e inversiones necesarias para incorporar a las operaciones minero metalúrgicas los adelantos tecnológicos y/o medidas alternativas que tengan como propósito reducir o eliminar las emisiones o vertimientos, para poder cumplir con los niveles máximos permisibles establecidos por la autoridad competente en el tema de medio ambiente. Funciona durante la actividad minera.) para beneficio del poblador aledaño a la mina esencialmente agricultor.
Es necesario fortalecer los sistemas de transparencia a nivel de la banca nacional, regiones y municipios para la adecuada monitorización del gasto; así como promover el rol fiscalizador de la prensa y la opinión pública.
Esta agenda distributiva del canon tiene que ser analizada, discutida, planificada, y consensuada, para que se logren los objetivos propuestos. En esta óptica la propuesta de AGP no es atentatoria contra las autoridades regionales y locales.
Dr. Jorge Ramal N.
Chimbote, 07 de Octubre 2007.

Si el canon minero esta orientado básicamente para desarrollar proyectos de infraestructura, de inversión productiva, de salud, de educación y saneamiento básico y ahora con cierta inversión para seguridad ciudadana; ¿Por qué se esta promoviendo el uso de este dinero que pertenece a todos los ancashinos en el reflotamiento de un helicóptero usado a un costo aproximado de 3.5 millones de soles? Esto es una muestra indignante de despilfarro de los recursos del canon.

Despilfarro es un término que se usa para identificar el gasto suntuoso o al uso de mucho dinero en una compra que no soluciona los problemas de forma prioritaria. En este contexto decir que se mejorará la seguridad ciudadana comprando un helicóptero es una afirmación del despilfarro.

Podrá decirse que un helicóptero para 12 personas servirá para rescatar a individuos atrapados en el mar, en el territorio agreste de la sierra ancashina que incluye lugares lejanos, ser usado para el rescate de uno que otro montañista perdido en la cordillera blanca, etc. Pero me pregunto, si con esta acción ¿Se contribuirá prioritariamente para resguardar la seguridad ciudadana en el ámbito no delincuencial? Creo que no.

Un helicóptero necesita un mantenimiento sumamente costoso, personal idóneo, rescatistas entrenados, helipuertos descentralizados en el territorio ancashino que no hay, o es que dicho aparato volador aterrizará en las pistas, plaza de armas, techos policiales u otro lugar inapropiado; que locura.

Si bien es cierto alguien de la sociedad civil lanzó esta iniciativa con la mejor de las intenciones, en su afán de contribuir con una opinión respetable por cierto, para sumar en la lucha contra la inseguridad ciudadana, no es razón para que el GRA tome a ojos ciegos esta propuesta sin un detenido análisis de prioridades.

Algunos en su sentido irónico dirían que los integrantes del GRA han visto muchas películas, series de televisión, fantasías que pertenecen a otra realidad, queriendo emular a los guardianes de la bahía, Ben Wash, los Rambos aéreos, el helicóptero salvador de la tormenta perfecta, etc. Que alienación.

Si se quiere contribuir con la seguridad ciudadana no delincuencial, por ejemplo, más importante que un helicóptero, seria que se potencie el sistema bomberil en toda la región. Los incendios son pan de cada día, dejan más victimas que los desparecidos en la montaña o en el mar; Los cuales tienen rescatistas terrestres o marítimos específicos.

Los incendios sumen a los afectados en el dolor de la perdida de sus seres queridos, los profundizan en la miseria al ver que sus escasos bienes son siniestrados por las llamas y sobre todo inermes, frente a la impotencia que sienten al ver que los bomberos no cuentan con los recursos para sofocar el siniestro rápidamente.

El cuerpo de bomberos es la parte de la sociedad civil mas abnegada, que no cobra un sol por su trabajo, que expone sus vidas al no contar con los mínimos elementos para su seguridad y para brindarla a los demás. A los bomberos sacrificados se les ha negado todo apoyo del GRA; Un alcalde ha salido en su auxilio donándoles 20,000 soles para tratar de contribuir en algo; ayuda insuficiente pero bien intencionada.

Surgen preguntas: ¿Cuánto se implementaría a los bomberos con 3.5 millones? ¿Cuantas vidas se salvarían? ¿Cuantas emergencias de todo tipo se solucionarían? ¿Estaría la sociedad civil mejor resguardada de las emergencias con un cuerpo de bomberos eficaz y eficiente, que con un helicóptero?

Lógicamente es cuestión de óptica, pero aunque solo sea una opinión, yo no despilfarraría de esta forma el dinero, no compraría una maquina volante; De repente lo gestionaría en calidad de donación para implementar este servicio. En fin, dejaré esta inquietud a los sabios que hoy tienen el poder de decisión.

Chimbote, 11 de agosto 2007.
Dr. Jorge Ramal N.

El ministerio de economía por sugerencia del ministerio del interior normó sobre la autorización que tendrían los gobiernos regionales y municipalidades el poder usar los recursos temporales del canon o sobrecanon.

A mi parecer esta normatividad no es la mejor solución para la lucha contra la inseguridad ciudadana.

ARGUMENTOS
El canon y sobrecanon solo lo reciben 5 regiones y no es extensivo a todos los departamentos del país. Por lo tanto no es equitativo e implicaría que las regiones que no reciben este concepto económico tengan un monto asignado universal, que el gobierno estaría obligado a desembolsar automáticamente. Dichos montos asignados tendrían que ser administrados y ejecutados para tal fin como partidas fijas por las regiones y municipalidades de todo el país. La ley no contempla esta universalidad.

La Existencia de bonanza económica del erario nacional si permitiría que el estado se haga cargo económicamente de la estrategia en todos sus aspectos para la lucha contra la inseguridad ciudadana en el marco del fortalecimiento de la policía nacional. Más conveniente seria que el gobierno asigne un presupuesto especial como política en la lucha contra la inseguridad ciudadana; así como asignó 3500 millones de soles para la lucha contra la pobreza en los proyectos de relanzamiento del país. Probablemente se este sacrificando a las regiones con canon al no querer soltar el MEF el financiamiento necesario para la lucha contra la inseguridad ciudadana.

La política de estado contra la inseguridad ciudadana implica la participación de la PNP, las municipalidades, los gobiernos regionales y la ciudadanía con sus potencialidades logísticas y organizativas, talvez en el contesto del concepto de municipalización de la policía; pero no debe ir en contra de los escasos recursos económicos de los departamentos, teniendo encuenta que el canon minero es de naturaleza temporal y extraordinaria.

Los gobiernos locales y regionales no están obligados con las directivas nacionales actuales para la lucha contra la inseguridad ciudadana y solo están catalogados como entes de apoyo. Por tanto abría duplicidad de acciones las cuales siempre se producen cuando las directivas son emanadas por varias cabezas.

El dictar este tipo de medidas es abrir una puerta para despilfarro económico en un marco estricto de gasto para el canon y sobrecanon (p.e: casos mini-Gildemeister, u otras modalidades podrían producirse).

La Ley de canon que prevee básicamente el fortalecimiento de la infraestructura regional, obra de saneamiento, salud y educación, lucha contra la desnutrición infantil y la pobreza. que demandan mucha inversión. El desviar fondos en la lucha contra la inseguridad ciudadana ocasionaría la restricción de los montos en estos rubros prioritarios.

Se abre una puerta para los llamados gastos administrativos y de personal para combatir la inseguridad ciudadana a expensas del canon.

Cabria la posibilidad de fortalecer mini destacamentos similares a los de la policía nacional en las regiones o municipios que podrían sembrar el caos por diferencias políticas entre ellos y con la propia PNP. Desembocando en el deterioro de las instituciones, creando caos social, y deterioro de la gobernabilidad.

Concluyo recordando con un pensamiento de Mahatma Gandhi, “Dios, ayúdame a decir la verdad delante de los más fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los más débiles”

Dr. Jorge Ramal Niquén.
Chimbote, 14 de marzo 2007.

Opinar sobre el tema del canon minero es una tarea bastante difícil; Al ser visto de muchas perspectivas, todas razonables, pero dispares. Si solo se opina de una sola arista, se corre el riesgo de confundir al lector, cuando el objetivo es que la opinión pública sea un fiscalizador con conocimiento, capaz de ser actor de su desarrollo.

En la concepción del Canon se distinguen varios actores:

EL ESTADO
El estado de acuerdo a su tipo de política minera, firma el contrato de explotación de la mina y establece el Canon regional, dictando para ello leyes y decretos para regularlas. Las políticas gubernamentales suelen variar con el tiempo; Pudiendo ser neoliberales o estar enmarcadas en la economía social de mercado. Pudiendo a la vez ser entreguistas o nacionalistas.

En el Perú llamamos Canon Minero, a un porcentaje del impuesto a la renta que paga la minera, y es destinado para paliar la pobreza en las áreas de explotación y zonas de influencia. El estado a fijado por ley que el Canon minero corresponde al 50% del impuesto a la renta de tercera categoría, pagado por las empresas mineras, y distribuido este total de la siguiente manera: 10% para el municipio del distrito donde se ubica la mina, 25% para el municipio provincial donde se ubica la mina, 40% para la distribución municipal en todo el departamento y 25% para el gobierno regional.

LAS EMPRESAS MINERAS
Estas siempre buscarán las mejores condiciones que aseguren sus ganancias, Pero aún así se ciñen a los contratos empresa-gobierno. Negocian estos de forma independiente lo que ocasiona diferencias importantes en los aportes al Canon. Firman los contratos contractuales más favorables para ellas, aunque sean a expensas del país donde se asientan, e incluso llegan a firman contratos menos favorables, pero que les permita ganar.

Muchas empresas después de firmar los contratos incumplen sistemáticamente estos contratos debido a la falta de control gubernamental, en cuando a su auditación financiera, rentas, costos, ganancias, legislación laboral, y ecología. Muchas de ellas están interesadas en el saqueo completo del los recursos mineral sin importarles el medio ambiente y o la actividad económica que se desarrolló en la zona donde se asientan, lógicamente traducidos en muchos dólares mientras las condiciones socio políticas le sean favorables.

Generalmente las grandes empresas mineras extranjeras se asientan en países donde los índices de corrupción son altos, la educación es escasa o nula, los organismos de control financiero, fiscal, regional o local son ineficientes, escasos o nulos. Es decir las empresas mineras buscan algo similar al paraíso y el Perú es probablemente el edén para ellas.

El Canon es para ellas el “caramelo de la torta” que dan a los pobladores de un país para entretenerlos, mientras ellos se comen todo el queque, y para colmo mientras el pueblo esta empezando a comer del caramelo, ellos ya están terminando el queque y suelen marcharse dejando contaminación y más miseria; a menos que esté queque sea tan grande, que les permita quedarse muchos años para seguir engordando sus barrigas.

En Ancash 3 son las principales empresas que operan actualmente: Barrick-Pierina en Huaraz, Santa Luisa en Bolognesi y Antamina en Huari; pero existen 51 empresas mineras mas pequeñas; de las cuales, 46 están ubicadas en la sierra, pero que también aportan al Canon minero con diferentes montos; los cuales no son dados a conocer a la población y tampoco son controlados contablemente mediante auditorias por parte del estado.

En otras palabras significa “Que lo que recibimos, es lo que buenamente las empresas se dignan en otorgarnos”. Entonces me pregunto ¿Serán migajas o es lo justo”, ¿Estarán pagando todas las empresas, o no?

EL PUEBLO
Cuando esta gran torta se esta cocinando demora en llegar al pueblo, es decir se crea un “desfase temporal entre inversión y obras”. En buen romance, desde que empezó a operar la empresa han transcurrido entre 8 a 15 años, según la naturaleza de la actividad minera para que puedan generar ganancias (periodo de exploración, inversión, obras de infraestructura minera y maquinaria propiamente dicha).

Luego al Periodo de ganancias fuera de la recuperación de la inversión, recién se amortiza a la sunat y se cristaliza el Canon. En tanto, el pueblo empieza a reclamar más y mas con justa razón, por que no ve ni un solo sol; ocasionando este desfase mas fracturas sociales, que son difíciles de contener.

Los descontentos sociales se apagan momentáneamente, por que después de estos periodos, no sin antes haber un atraso de 1 año, debido al “Circuito del Canon Minero” (Cierre total anual de aportaciones de todas las mineras de la región a la sunat; pase al MEF para la asignación categorizada por regiones, pase al CND para asignar los montos a las municipalidades provinciales, distritales y el gobierno regional, pase a los gobiernos regionales para la distribución), para finalmente traducirse en proyectos de inversión regionales y municipales, y por último, en el beneficio esperado por la población, traducido en obras.

Es decir el caramelo de la torta (Canon minero), esta en la mesa del pueblo, y como decimos a barriga llena corazón contento, llega la paz social por algunos años.

LAS AUTORIDADES
Con escasas excepciones, intentan contentar al pueblo con o sin conocimiento del problema social, con interés altruista o sin él, pensando generalmente en sus propios intereses (10% por “coimision” por obra), se reparten el “caramelo”, y lo administran para hacer obras e inversiones que generalmente no son productivas, (invertir en remodelaciones de plazas, pavimentación de pistas, veredas, bulevares, lozas deportivas, monumentos, etc.). Algunos, usan este “Caramelo” para repartirlo entre sus trabajadores ediles o regionales, no entendiendo, que el canon debe ser destinado a inversiones productivas capaces de ser impulsoras del desarrollo.

En la municipalidad del Santa, nuestro Alcalde, destinó 500,000 soles a gastos administrativos como parte del canon del 2005, que tuvo un monto de 3´843,000 soles; lo cual es cuestionable según ley; pero sigue vivo y coleando.

Este es un principio fundamental que no es entendido aun por nuestras autoridades sea por incapacidad, falta de imaginación o desconocimiento en la elaboración de proyectos, o simplemente viveza criolla, etc. O lo entienden perfectamente, y se pierden en el devaneo personal, engañan al pueblo de que hicieron mucha obra con el “Caramelo”, para disfrazar su mal sana intención.

Deben saber nuestras autoridades que la bonanza coyuntural que representa el canon minero dura poco tiempo, que es una oportunidad que no debe ser desaprovechada, para que con todo derecho pidan reelección, y el pueblo los favorezca.

Un ejemplo de inversión productiva, nos lo ha dado del distrito de independencia, provincia de Huaraz en Ancash; con el dinero por canon minero recibido en el 2004, ha financiado una planta de tratamiento de residuos sólidos de la basura, produciendo con ella abono orgánico, que es vendido a precio social, al impulsar el cultivo de alcachofa, importante para la zona; solucionando los problemas de contaminación ambiental, promoviendo una agricultura innovadora de exportación, generando empleo y por ende desarrollo.

Se debe dar priorización a proyectos de desarrollo en la que puede participar la cooperación internacional para generar empleo y capacidades.

CONTROL FINANCIERO
El Banco de las nación debe dar a conocer a la población, los estados de cuenta de los municipios distritales, provinciales, gobiernos regionales y universidades que reciben el Canon o Caramelo; a fin de permitir el monitoreo del gasto que estos realizan, las transferencias que reciben del gobierno, de los saldos que quedan en sus respectivas cuentas, incluyendo los intereses que los fondos generan; así como aquellos montos que no fueron invertidos al final de cada ejercicio para mejorar el sistema de fiscalización ciudadana del uso, y destino del canon. Esto evitaría los delitos de malversación, peculado, y otros; sobre todo saber que porcentaje del canon se usó en inversión productiva.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Son los formadores de la opinión pública; a ellos les compete la educación del pueblo en estos temas, hacer conocer sus derechos, pues parece que a nuestras autoridades no les interesa que esto se conozca y sobre todo vigilar los intereses del país, a través del cuestionamiento racional a la empresa minera, instituciones burocráticas, autoridades locales, regionales y nacionales.

La problemática del canon minero tiene como eje central a la comunicación. No es suficiente que las empresas cumplan con pagar sus tributos, el ministerio de economía y finanzas (MEF) transfiera el canon minero a nivel local; toca comunicar esos hechos a la ciudadanía de manera que cada vecino de la mina conozca los montos de canon minero que están siendo transferidos a sus comunidades, y esté en condiciones de monitorear su correcta aplicación y destino. Así, además de tener acceso a información, acerca de los montos transferidos a nivel local por concepto de canon minero, la ciudadanía, debe poder conocer en qué se gastan estos montos, y participar en las decisiones respecto de su uso; Allí radica el reto del desarrollo sostenido.

Momento aparte: es gracioso ver a nuestras autoridades locales y regionales protagonizar un escenario de discusión, en la que el tema gira en torno a montos; es decir si se repartirá convenientemente el total, será por armadas mensuales o trimestrales; discuten si uno tuvo primero o después la información del monto por provincia y distrito; o sí, el canon es usado como bandera de campaña electoral o no; de sí, el canon va a ser reducido o no por el próximo gobierno, sin tener asidero legal que avale tamaño chisme. Esto simplemente es ser irresponsable con el pueblo que los eligió.

LA OPINIÓN PÚBLICA
Debe ser la efectora del reclamo, por los canales jurídicos y no jurídicos, pero predominando el diálogo. Debe hacer sentir su opinión al interior de los partidos políticos. Debe ser participativa al interior de sus comunas, cabildos municipales, asambleas dentro de sus asociaciones de pueblo jóvenes, consejos de participación ciudadana, colegios profesionales, universidades, cámara de comercio, club de leones, rotarios, ONGs, etc. Estos últimos deben asumir un papel más social y son los llamados a pronunciar una voz conductora hacia el desarrollo, consiguiendo consensos locales.

La comunidad debe exigir a las municipalidades y gobierno regional fortalecer el proceso de participación ciudadana y no solo quedarse en la etapa de concertación, sino que se debe promover talleres de capacitación continua, y dar espacio de decisión al pueblo, en pro del desarrollo sostenido.

Es decir promovamos el planeamiento, y ejecución de obras, que respondan a las necesidades de nuestra población ancashina, con los recursos provenientes del canon minero.

Dr. Jorge Ramal Niquén.
Chimbote, 16 de junio 2006.